viernes, 31 de marzo de 2017

Un cura se juega la vida para demostrar los asesinatos de los escuadrones de la muerte en Filipinas

El polémico presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, está generando el caos y el pánico en el país con lo que él ha denominado la “guerra contra la droga”. Y lo que era un objetivo positivo se ha convertido en una auténtica matanza, que se ha cobrado 8.000 muertes provocadas por escuadrones del presidente de manera extrajudicial.


La Iglesia Católica no se ha quedado de brazos cruzados ante esta situación y han denunciado abiertamente la actuación y los métodos de Duterte, que no ha dudado en insultar y amenazar a los obispos.  Pero además, la Iglesia está en la calle y un sacerdote se juega la vida todos los días documentando in situ todos los asesinatos que se van produciendo.  

El hermano Ciriaco Santiago, Jun, responde al teléfono a las nueve de la noche, hora filipina. Va conduciendo. Cada día, al terminar su trabajo en la comunidad de redentoristas de la que forma parte, coge su cámara de fotos y recorre Manila documentando los asesinatos de la guerra contra la droga desencadenada por el presidente Rodrigo Duterte, y que ya se ha cobrado unas 8.000 víctimas.

La señal se entrecorta, y la conversación se pospone. A la mañana siguiente, cuenta a Alfa y Omega cómo transcurrió la noche: «Visitamos tres escenas de crímenes, en las que había un total de seis víctimas. Todas muertas a tiros dentro de sus casas. En total, en el área metropolitana de Manila hubo once muertos». Cada noche se encuentra con cerca de una decena de víctimas de media.

El hermano Jun ha perdido la cuenta de las fotos que ha tomado desde diciembre, cuando empezó con esta misión. En octubre, su congregación se implicó en el proyecto Rise Up (Levántate), puesto en marcha por entidades católicas y protestantes, junto con familiares de víctimas, para hacer frente a las ejecuciones extrajudiciales de supuestos traficantes que se suceden desde que Duterte tomó posesión en verano. Así surgió la idea de hacer un registro de los crímenes. El religioso es aficionado a la fotografía, y se ofreció voluntario. «Nuestra vocación es estar con los más abandonados, y ahora los vemos en las víctimas de estas violaciones de los derechos humanos. Somos su voz. Queremos usar las fotos como pruebas, y llamar la atención de la comunidad internacional».

Una petición de los obispos
Los obispos de Filipinas han pedido a Rise Up que les haga llegar todo lo que consigan. Han denunciado con frecuencia los asesinatos y han puesto en marcha iniciativas de rehabilitación de toxicómanos. También han criticado otros proyectos de Duterte como la reimplantación de la pena de muerte, la reforma de la Constitución para declarar la ley marcial sin permiso del Congreso o la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal de los 15 a los 9 años.

El registro de asesinatos de Rise Up llegará además al Frente Democrático Nacional, el movimiento comunista con quien el Gobierno ha retomado las negociaciones para acabar con la guerra de guerrillas que golpea el país. El redentorista espera que ellos puedan forzar al Gobierno a poner fin a las ejecuciones.

Con los reptadores nocturnos
En este segundo trabajo, el redentorista acompaña a un grupo de unos diez fotógrafos filipinos. «Los corresponsales extranjeros nos llaman nightcrawlers», reptadores nocturnos o lombrices. Recopilan información de la Policía, de miembros de la comunidad, de las redes sociales o de los familiares de las víctimas, y recorren los escenarios de los crímenes por todo Manila. No tienen protección, a pesar de saber que entre los curiosos que se congregan alrededor de los cadáveres puede haber gente controlándolos. De hecho, el Gobierno ha hecho saber al hermano que le está vigilando.

El hermano Jun, además de hacer fotos, entrevista a los familiares y hace un perfil de las víctimas para su registro. Entre los muertos, explica, hay de todo: los que solo consumen droga, los que trapichean para poder comprarla… pero también hay daños colaterales –entre ellos, ha visto a niños de solo 5 años– y muchas personas inocentes. Todavía no tiene datos definitivos, pero el porcentaje de estos dos últimos grupos «es alto», asegura. Lo que no ha visto nunca –continúa– es a un señor de la droga entre las víctimas. Tampoco a ningún policía corrupto. Lo único que comparten los asesinados es que «son muy pobres, no te imaginas hasta qué punto».

La amenaza de los vigilantes
Parte de los asesinatos, unos 2.500, han sido a manos de la Policía, que suele alegar que las víctimas se resistieron a ser detenidas. Un reciente informe de Human Rights Watch acusaba a los oficiales de falsear pruebas para justificar las muertes. En enero el Gobierno paralizó temporalmente las operaciones antidroga por la corrupción rampante en el cuerpo, pero el hermano Jun explica que han vuelto a matar. Sin embargo, la mayoría de víctimas encuentran la muerte a manos de los vigilantes, grupos parapoliciales que reciben este nombre español. «Llegan en moto o furgoneta y te pegan un tiro en la cabeza; o entran en tu casa, y aprietan el gatillo», narra.

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